julio 17, 2023
Una partida de ajedrez estancada desde hace diez años. Así se ven las negociaciones del grupo de trabajo creado en el marco del Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos (TIRFAA) para reforzar el Sistema Multilateral de Acceso y Distribución de Beneficios derivados de la utilización de los recursos fitogenéticos. Asistimos del 12 al 14 de julio, apoyando la participación del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, representado por Guy Kastler, de La Vía Campesina. Creado en 2013, este grupo de trabajo de delegados de las partes contratantes de diferentes regiones del mundo tiene una misión: encontrar la manera de garantizar el respeto de los principios del Tratado sobre el acceso a las semillas y a los recursos fitogenéticos en general. Los compromisos son tan claros como incompletos: uno se refiere a la facilitación del acceso, el otro al respeto de los derechos de l@s agricultor@s que han proporcionado la gran mayoría de los recursos fitogenéticos y al reparto equitativo de los beneficios derivados de la utilización de estos recursos extraídos del espacio común (el Sistema Multilateral – MLS). https://youtu.be/Tmw4mAlZeq0
Abuso de la «cesta común»
Concretamente, se trata de la red de bancos de germoplasma situados en los distintos países contratantes, en los que se depositan las semillas seleccionadas y conservadas durante siglos o milenios por l@s campesin@s. La mayor parte de la agrobiodiversidad mundial se encuentra en los países del Sur, que, al ponerla a disposición, esperan -según la letra del Tratado- que quienes la utilicen para seleccionar y comercializar nuevas variedades vegetales les paguen una parte de los beneficios que obtengan con ella. Se trata, de hecho, de un reparto de beneficios. La cuota fijada por el Tratado oscila entre el 0,77% de las ventas netas durante 20 años del producto que contiene el recurso genético recogido en el sistema multilateral y el 0,5% de las ventas durante 10 años de todos los productos derivados del recurso fitogenético. En este último caso, como el canon es más elevado, el beneficiario tiene a cambio un acceso más fácil a todos los recursos fitogenéticos de la misma especie que la variedad de la que ha tomado una única muestra de semillas. De hecho, en lugar de firmar un contrato cada vez que necesita un único recurso, sólo necesita un único acuerdo para acceder a todos los de la misma especie. Este engorroso sistema sólo es vinculante para quienes producen productos patentados, como los OMG. En cambio, quienes autorizan el acceso a sus nuevas variedades con fines de investigación, mejora o conservación no están obligados a pagar. En la práctica, la obligación de pagar sólo afecta a los beneficios de la venta de semillas patentadas, y no a las que están libres de derechos o amparadas por un derecho de obtención vegetal (o por la nueva patente unitaria europea), que prevé una «excepción del obtentor» pero no respeta el derecho de l@s agricultor@s a utilizar libremente las semillas de sus propias cosechas. Desde que el Tratado entró en vigor en junio de 2004, las empresas han sacado abundantes beneficios de él, no han pagado nada y se niegan a hacerlo. Pueden permitírselo porque nadie vigila el material genético robado del espacio común e incorporado a sus productos patentados. Como las patentes se conceden sin obligación de indicar el origen de los recursos utilizados, pueden eludir muy fácilmente sus obligaciones. A este robo legalizado pertenecen gobiernos que se oponen a cualquier refuerzo de la eficacia del Tratado, como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón, entre otros. El Norte global, donde tienen su sede las mayores multinacionales, influye en las políticas y aprovecha las lagunas legislativas.
La DSI, una amenaza para la biodiversidad mundial
Si el proceso de aplicación sigue bloqueado, tanto mejor para ellos. Pero para quienes han luchado por obtener normas vinculantes que acaben con esta piratería, es escandaloso. Sobre todo porque hace unos diez años surgió una amenaza adicional. Gracias a las denuncias del CIP, la secuenciación y posterior digitalización de los recursos fitogenéticos contenidos en el sistema multilateral se ha convertido en un problema. L@s investigador@s obtienen información de secuencias digitales (DSI) y la cargan en bases de datos públicas (a menudo de código abierto) y privadas (a menudo no de libre acceso). Gracias a la biología sintética y a los procesos bioinformáticos, por las empresas es posible reproducir estas secuencias sin el material físico: todo lo que se necesita son los datos. Así pues, detrás de la retórica del conocimiento libre, existe un doble riesgo: en primer lugar, que esta información se reconstituya en materia utilizando la biología sintética, y luego se patente como «inventos»; en segundo lugar, que nadie pueda acceder al Sistema Multilateral una vez que se haya vaciado digitalizando y patentando su información. Ojo, esto no es lo mismo que si algunos nos descargamos una canción de Internet para hacer nuestro propio recopilatorio. Es como si un autor famoso se descargara esa canción, la pusiera en su nuevo álbum y la vendiera para su distribución mundial con un copyright que prohibiera a cualquier otro comercializarla. Sería difícil hacer eso con la canción Let It Be de los Beatles, porque es demasiado famosa. Pero no ocurre lo mismo con millones de otras melodías y canciones. Ahora que casi todas las secuencias genéticas contenidas en más de dos millones de muestras de semillas del Sistema Multilateral del Tratado están disponibles gratuitamente en Internet, las empresas pueden por fin cerrar el círculo: patentar como invenciones el material genético desarrollado por l@s campesin@s, al que se les niega el acceso a las semillas físicas conservadas por el Sistema Multilateral del Tratado. Y no sólo el germoplasma puesto a disposición del mundo por los países firmantes del Tratado y l@s propietari@s de los bancos de genes, sino también el germoplasma presente en los campos, que no ha sido recogido para incluirlo en el sistema multilateral, pero que es el más preciado porque contiene todos los rasgos seleccionados por l@s agricultor@s para adaptar sus semillas a los cambios del clima, el medio ambiente, la sociedad y las técnicas de cultivo. La biodiversidad cultivada evoluciona en función del medio ambiente y de los conocimientos de l@s campesin@s. Por consiguiente, si no se regulan los DSI, se desencadenará la apropiación final de la biodiversidad de l@s agricultor@s en beneficio de unas pocas grandes empresas transnacionales, violando tanto los derechos de l@s agricultor@s como las obligaciones de reparto de beneficios. Esto es lo que llamamos la legalización de la biopiratería.
Materia e información
No es de extrañar que esta cuestión haya pasado a ocupar un lugar central en el debate de alto nivel sobre el Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos. Y estos días también ha sido lo que en inglés dicen elefante en la habitación. La industria considera que las DSI son datos producidos por la investigación y no recursos genéticos que contienen información genética sujeta a las obligaciones del Tratado de compartir los beneficios y prohibir cualquier reclamación de derechos de propiedad intelectual que limite el acceso para la investigación, el cultivo y la conservación de estos recursos, sus partes o sus componentes genéticos. Los gobiernos de Norteamérica, Europa, Australia y partes de Asia (Japón, Corea del Sur) apoyan a la industria. En cambio, África y América Latina y muchos países asiáticos luchan por incluir los DSI entre las obligaciones del Tratado. Mientras no se resuelva este punto, las empresas podrán acceder a los datos genéticos que les interesen en una base de datos abierta, asociarlos a un rasgo concreto de una planta (su «función») disponible en numerosas publicaciones académicas y patentar esta «información genética» asociada a una de sus «funciones». Este juego de manos, oculto tras un retorcido lenguaje jurídico, les permite prohibir el uso de todas las semillas que contengan información genética patentada a l@s agricultor@s que hayan seleccionado, almacenado y suministrado al sistema multilateral las semillas que han hecho que esta información sea identificable y digitalizable. Con todo tipo de tácticas diplomáticas, los delegados del Norte intentaron echar por tierra estos tres días de negociaciones. Hemos visto perder horas en discusiones que sólo sirven para pasar el tiempo e irritar a los socios negociadores. Hemos visto cómo se exigía ampliar la reserva de recursos fitogenéticos disponibles en el sistema multilateral sin acordar antes un mecanismo de pago y respeto de los derechos de los agricultores que realmente funcione. Esto llevó a negar la naturaleza de los DSI como recurso genético, y los más astutos – como Europa – argumentaron que primero había que llegar a una definición compartida, sabiendo perfectamente que esto alargaría aún más el proceso, y aun así se vieron obligados a tener en cuenta la decisión del Órgano de Gobierno del Tratado de remitir el debate sobre los DSI al Convenio sobre la Diversidad Biológica en 2019. La reciente Conferencia de las Partes en el CDB (COP 15) respondió que la DSI debería estar sujeta al reparto de beneficios. En consecuencia, los países del «Norte» no pudieron evitar que el informe final de la reunión subrayara que los DSI son uno de los «puntos calientes» de las negociaciones, como viene señalando el CIP desde hace 10 años en cada reunión de este grupo de trabajo y del Consejo de Administración. Por otro lado, consiguieron que no se mencionara en el informe el riesgo de confiscación de las semillas de l@s campesin@s y de las semillas tradicionales por las patentes relacionadas con estos DSI, a pesar de que este problema fue destacado durante la reunión por varias partes contratantes tras las intervenciones del CIP.
El destino del Tratado
Sin embargo, estos tres días de negociaciones nos han dejado la amarga sensación de que el reconocimiento de los derechos de l@s agricultor@s, que implica la prohibición de reclamar patentes sobre los DSI que contienen, requerirá una fuerte movilización. Pero sabemos que tenemos razón, entre otras cosas porque el Tratado es claro cuando habla de recursos fitogenéticos «e información asociada», aunque se redactara antes de la invención de la DSI. Si los Estados cumplieran sus compromisos, se impediría patentar los rasgos autóctonos desarrollados por l@s agricultor@s. Además, pondría en entredicho cualquier derecho de propiedad intelectual que bloquee cualquier uso de los recursos fitogenéticos que se hayan sacado del sistema multilateral. Para eliminar el carácter «innovador» indispensable para obtener una patente, basta con que la firma del acuerdo de acceso al recurso preceda a la solicitud de una patente sobre la información genética contenida en ese recurso. Sin embargo, el libre acceso a los datos de las secuencias digitales en Internet y a las publicaciones científicas que enumeran los conocimientos de l@s campesin@s sobre las características de cada semilla que puede contener estas secuencias permite actualmente eludir esta obligación. El problema es que si nadie hace nada por tomar medidas operativas para resolver estas elusiones de los derechos de l@s campesin@s, así como del reparto de beneficios, el Tratado corre el riesgo de hundirse en la ineficacia. Este sistema de diálogo mundial para la regulación de los recursos fitogenéticos, construido laboriosamente para frenar la liberalización desenfrenada propuesta por la Organización Mundial del Comercio dos décadas después de su apogeo, se encuentra en su punto más bajo. El grupo encargado de aplicar los compromisos trabajará hasta finales de 2024. Mientras tanto, las empresas de semillas siguen reclamando múltiples patentes de DSI. Así que queda poco tiempo para salvar el Tratado.