abril 8, 2025
Desde 2013, los dos Grupos de Trabajo del Tratado sobre los recursos fitogeneticos de la FAO (TIRFAA) encargados de mejorar el funcionamiento de su Sistema Multilateral (MLS) para facilitar el acceso a los recursos fitogenéticos (RFAA) y compartir los beneficios de su uso, se han reunido 23 veces en total. La última reunión concluyó en Roma el viernes 4 de abril, enfrentándose aún a los mismos escollos: la negativa de la industria biotecnológica de los países del «Norte global» a pagar a los agricultores y Pueblos Indígenas por el desarrollo y conservación de las semillas del mundo, que son la única materia prima de esta industria, y su negativa a renunciar a la confiscación de estas semillas a través de sus patentes.
Desde 2005, el acceso a los RFAA conservados en las colecciones nacionales e internacionales de los 153 países que han ratificado el Tratado funciona sin problemas, pero el mecanismo de reparto de los beneficios derivados de su utilizacion sigue siendo eludido por la industria semillera, que se aprovecha de la falta de trazabilidad del origen de los RFAA utilizados para desarrollar sus nuevas semillas comerciales. El pago de una contribución al Fondo de Distribución de Beneficios sólo se exige tras la comercialización de un producto que incorpore un recurso fitogenético tomado del Sistema Multilateral. La comercialización puede producirse al cabo de muchos años, después de que el recurso genético haya cambiado de manos varias veces y tras varios cruzamientos que incorporen recursos fitogenéticos de múltiples orígenes. La industria alega que esto hace imposible la trazabilidad, y que el Tratado no tiene medios para hacer cumplir la normativa. Sólo los Estados podrían hacerlo, pero no lo hacen. Es más, aunque Estados Unidos se adhirió al Tratado en 2017, el acceso a las inmensas colecciones estadounidenses sigue siendo libre para los ciudadanos y empresas de ese país, sin que se haya firmado ningún compromiso de reparto de beneficios. Solo algunas donaciones voluntarias de un puñado de países, fundaciones y empresas de semillas mantienen una apariencia de distribución de beneficios a un nivel muy inferior al debido, en detrimento de los países en desarrollo y los agricultores y las agricultoras que han aportado más del 90% de los RFAA del MLS.
Por ello, el Grupo de Trabajo propone un nuevo mecanismo, consistente en un pago proporcional al volumen de ventas de las empresas que realicen una «suscripción» para el acceso ilimitado a los RFAA del MLS. Desgraciadamente, los países ricos sólo aceptarán este nuevo mecanismo si el Tratado mantiene también el actual mecanismo de «acceso único», que seguirá siendo tan fácilmente eludible como lo ha sido desde 2005, independientemente de la cuantía de los pagos, que no será superior a la actual. Entre el pago fácilmente controlable de la «suscripción» y el pago incontrolable del «acceso único», los accionistas de las empresas tienen una elección fácil, pagar una ridícula limosna simbólica para comprarse una imagen pública positiva.
Desde hace unos diez años, existe también un nuevo problema: la información de secuencia digital (DSI). Para la mayoría de los países, la DSI es simplemente la representación digitalizada de los componentes genéticos de los RFAA, que no son patentables según el Tratado si proceden del MLS. Para los países ricos del «Norte global», en cambio, son «productos de la investigación» que están disponibles gratuitamente en Internet desde hace una década y que pueden patentarse siempre que tengan interés económico. Los potentes motores de búsqueda electrónica de las mayores multinacionales cruzan las inmensas bases de datos de la DSI y las numerosas publicaciones sobre los conocimientos de los agricultores y las pequeñas empresas semilleras acerca de los rasgos de interés comercial de los RFAA para identificar tales asociaciones. Sus genetistas describen un proceso patentable susceptible de incorporar estos rasgos a las nuevas semillas comerciales, y las leyes de propiedad intelectual prohíben entonces a los agricultores y pequeños productores de semillas – que han suministrado sus semillas y conocimientos a la MLS – seguir utilizándolas en cuanto contengan DSI patentadas mediante este proceso. Esta nueva biopiratería digital crece a pesar de que las leyes internacionales no permiten patentar un simple descubrimiento de un producto de la naturaleza.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica ha brindado recientemente una nueva oportunidad para el desarrollo de la biopiratería. Ha decidido apropiarse de las competencias del Tratado sobre los RFAA del MLS, estableciendo un mecanismo competidor para compartir los beneficios derivados del uso de las DSI basado en el pago de un pequeño porcentaje de los ganancias o ingresos de todas las empresas de semillas y otros sectores económicos susceptibles de utilizar las DSI. Por desgracia, estos pagos seguirán siendo opcionales, o «voluntarios» en lenguaje diplomático. ¿En qué mundo han aceptado alguna vez los accionistas hacer un gran pago voluntario, más allá quizá de los pocos dólares necesarios para comprar una imagen positiva?
¿Sustituirá la biopiratería desmaterializada a la piratería de las cañoneras del pasado? ¿O será capaz la gran mayoría de los países del Sur global de dar la vuelta a la tortilla y restablecer un reparto honesto del uso de semillas y otros recursos biológicos naturales, sin barreras legales ni tecnológicas?
Sólo queda una reunión del Grupo de Trabajo del Tratado sobre Recursos Fitogenéticos para encontrar una solución antes del próximo Órgano Rector (OR). Dado lo alejadas que están hoy las posiciones, no será fácil llevar una decisión de compromiso al próximo OR, a menos que los países del Sur se dobleguen ante el poder abrumador de un puñado de multinacionales. Por eso nosotros, el CIP, estaremos presentes y seguiremos haciendo oír nuestra voz, dispuestos a movilizarnos en todo el mundo para defender los derechos de los agricultores sobre las semillas.