mayo 22, 2018
DECLARACIÓN DE DEMARACHU CONCLUSIONES DE LA CONSULTA DE LOS PUEBLOS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y ONGS POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA JUSTICIA SOCIAL HACIA LA 35A CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO.
03 de febrero de 2018 La Consulta se realizó en la Comarca Guna Yala, del 31 de enero al 3 de febrero de 2018, con la presencia de representantes de movimientos y organizaciones sociales regionales y sub regionales de Pueblos Indígenas, campesinos, agricultores familiares, pescadores artesanales, mujeres, afrodescendientes, jóvenes, trabajadores rurales, consumidores, ambientalistas y de derechos humanos. También participaron, como invitados, oficiales regionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La Consulta nos permitió analizar el contexto político y social de nuestra América Latina y el Caribe y reflexionar sobre los avances y retrocesos de la última década en la lucha contra el hambre y la pobreza, en todas sus formas. También nos permitió analizar los documentos sobre las Iniciativas Regionales y organizarnos para participar activamente en otros temas de la agenda de la 35a Conferencia Regional de la FAO. Reconocemos los pasos dados por la región en la década pasada para realización de la primera dimensión del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, la reducción del hambre, así como para la reducción de la pobreza y la desnutrición. Como lo demuestran los indicadores económicos, sociales, organizativos e institucionales, la región avanzó, aunque con diferencias importantes entre países. Sin embargo, vemos con extrema preocupación como los cambios en la coyuntura política, social y económica en varios países están haciendo retroceder las conquistas sociales de la década pasada, como revelan los resultados presentados por la FAO en 2017, a través de los informes “Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo” y “Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe”. Entendemos que los principales problemas que enfrentan nuestros pueblos para la construcción de una América Latina y el Caribe soberana y con justicia social, ambiental y de género son: la concentración de la riqueza y de poder político, económico y comunicacional en pocas manos; el sistema hegemónico de producción, comercialización y consumo de alimentos; la violación a los Derechos Humanos; el uso insustentable y destructivo de Agua, Tierra y Territorios y sus severos impactos ambientales y sociales y la amenaza que representa al patrimonio biocultural de los pueblos; el avance de la criminalización y la violencia como instrumentos para contener la protesta social; las altas tasas de sobrepeso y obesidad que afectan la salud de los pueblos e incrementan el gasto público en salud; la ausencia de participación pertinente de las organizaciones y movimientos sociales en todo el ciclo de políticas públicas; y la falta de políticas públicas que promuevan y aseguren la producción sustentable y el acceso a alimentos saludables. Lo anterior impacta especialmente en las poblaciones más vulnerables como mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, afrodescendientes, pescadores artesanales y comunidades rurales y urbanas empobrecidas. Creemos en la centralidad del Estado y sus políticas e inversión públicas para la construcción de sociedades justas y sustentables. Por lo tanto, reclamamos que los Estados, de manera intersectorial y articulada, respeten, protejan y promuevan nuestros derechos. Esta 35a Conferencia Regional debe ayudarnos a revertir los retrocesos mencionados y para ello resulta imprescindible que las acciones que se tomen en ese sentido se cimienten en los acuerdos previamente alcanzados, tanto en la región como a nivel global. En ese sentido, creemos relevantes los acuerdos alcanzados en: las Directrices Voluntarias para el Derecho a la Alimentación; la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT; la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural; la CEDAW; la Política de FAO sobre pueblos indígenas; las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición nacional; y la resolución de la 32a Conferencia Regional de la FAO, mandatando a la FAO a profundizar el debate sobre Soberanía Alimentaria. Otros procesos en curso también son relevantes para fortalecer los acuerdos ya alcanzados, como por ejemplo, los que lleva adelante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para la elaboración de: la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales; y de un instrumento internacional para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos. Considerar lo anterior es fundamental para construir Iniciativas regionales exitosas y sostenibles en el tiempo. Por ello:
- Rechazamos el uso de la violencia y la criminalización de la protesta social y exigimos el fin de los asesinatos de militantes sociales, así como de las persecuciones a los movimientos y organizaciones sociales y que los Estados implementen urgentemente políticas efectivas de protección de las mujeres y hombres defensores de derechos humanos y del territorio;
- Defendemos y promovemos el papel central de la agricultura familiar, campesina e indígena y la pesca artesanal para poner fin al hambre y erradicar todas las formas de malnutrición y promover un desarrollo rural sostenible y resiliente al clima que nos conduzcan a la realización de la Soberanía y Seguridad alimentaria de nuestra región y la defensa del patrimonio biocultural de los pueblos. Por ello, consideramos estratégico el involucramiento activo y coherente de la región en la implementación de la Década de la Agricultura Familiar, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas.
- Defendemos el derecho de los pueblos indígenas al Consentimiento Previo Libre e Informado y promovemos su extensión a otros actores tradicionales de los territorios.
- Afirmamos, basados en nuestra práctica, en nuestros conocimientos tradicionales y en investigaciones ya refrendadas por organismos de las Naciones Unidas[1], que la agroecología es el modelo de producción más pertinente y sensible para una alimentación y nutrición adecuadas. Los Estados verdaderamente comprometidos con la realización del derecho a la alimentación deben apoyar y promover la agroecología para impulsar el cambio necesario y urgente en el modelo de producción, comercialización y consumo de alimentos;
- Exigimos que los Estados prioricen políticas públicas que reconozcan el papel de las mujeres tanto en la producción como en el cuidado de la vida, para así romper con círculos viciosos de pobreza que las afectan en mayor proporción.
- Entendemos fundamentales las políticas intersectoriales que faciliten los derechos fundamentales de grupos histórica y sistemáticamente vulnerabilizados como son los y las campesinos, agricultores familiares, pueblos indígenas y otros grupos tradicionales, afrodescendientes y comunidades rurales y urbanas empobrecidas, garantizando su participación en la construcción, ejecución y el monitoreo de estas políticas.
- Promovemos la implementación de políticas públicas adecuadas y pertinentes, para rescatar y preservar la Biodiversidad y el derecho de los pueblos a la misma.
- Valoramos y resaltamos la importancia de mantener y fortalecer los Frentes parlamentarios contra el hambre, por su papel complementario en la lucha por la realización del Derecho a la Alimentación adecuada. Continuamos comprometidos a seguir fortaleciendo nuestro diálogo con ellos.
- Reafirmamos, que la comunicación y la formación populares seguirán siendo componentes estratégicos en nuestras luchas por la Soberanía Alimentaria, dado su papel transformador, unificador y creador de sentidos y valores que representan nuestros objetivos políticos y dan visibilidad a los procesos de resistencia, a la vez que promueven la construcción de propuestas con carácter colaborativo, solidario y complementario.
- Finalmente, reconocemos la apertura de la FAO a la participación de los movimientos y organizaciones sociales en las Conferencias regionales y otros eventos, impulsado por un proyecto político liderado por el actual Director General de la FAO, Dr. Grazziano Da Silva.
Entendemos fundamental preservar dicha participación de manera efectiva y que no haya retrocesos cualitativos o cuantitativos en la misma. Continuaremos defendiendo la realización del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada y saludable y resistiendo la privatización, mercantilización y finacierización de la vida. Agua y alimentos no son mercancías. Esperamos que los Estados y sus gobiernos, asumiendo sus obligaciones, estén a la altura de los desafíos que el contexto regional y mundial nos plantea para la construcción de la Soberanía y Seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe y los compromisos asumidos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas. Demarachu, Comarca Guna Yala, Panamá, 03 de febrero de 2018. photo credit: FAO [1] SCHUTTER, O. EL Potencial transformador del derecho a La alimentacion. Resolucion 22/9. Informe final presentando por el relator sobre el derecho a la alimentacion al Consejo de Derechos Humanos de las Nationes Unidas, en el 25 Período de Sesiones, tema 3 de la agenda. 2014