diciembre 1, 2023
Al llegar a la sala plenaria de la FAO en Roma, se olía desde el primer día la falta de voluntad de algunas delegaciones. En efecto, la 10ª reunión del Órgano Rector (OG) del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) se escurrió sin que se tomara ninguna decisión importante. Más bien, la ausencia de decisiones fue en sí misma una elección: la de seguir eludiendo el Tratado, sin abordar los principales problemas que están provocando la pérdida de biodiversidad agrícola en todo el mundo, con enormes repercusiones en las comunidades locales de campesinos. La insistencia de la delegación del CIP no fue suficiente para hacer que se derrumbara el muro levantado por los países del Norte Global. Ni siquiera la buena voluntad de África y América Latina, que apoyaron las reivindicaciones de los movimientos sociales por la soberanía alimentaria, surtió el efecto deseado. Pedimos a l@s delegad@s que dieran un paso adelante a partir de la reunión del Organo Rector de 2019. Les pedimos que pusieran fin a la biopiratería de la industria semillera, que utiliza la Información de Secuencia Digital (DSI) y la biotecnología para patentar rasgos genómicos existentes seleccionados por comunidades campesinas e indígenas durante siglos. Esto pone a los agricultores en la situación de tener que responder ante los tribunales por violar los derechos de propiedad intelectual simplemente por cultivar sus campos. Hay que poner fin de inmediato a esta práctica aplicando las normas del Tratado también a las DSI, no sólo a las semillas físicas. Pero mientras haya países que nieguen la identidad entre el genoma digitalizado y su manifestación física, las empresas podrán salirse con la suya, a costa de l@s agricultor@s.
El único resultado aceptable fue que el Programa de trabajo plurianual del Tratado (MYPOW) evaluará el impacto de la Información Digital sobre Secuencias en los derechos de los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender sus semillas. Pero una nueva evaluación significa que no habrá medidas reales hasta 2025. Asimismo, en cuanto a los derechos de l@s agricultor@s (recogidos en el artículo 9 del Tratado y verdadero corazón del texto) el único resultado fue la nueva convocatoria del grupo ad hoc de expertos técnicos (AHTEG). El grupo trabajará durante los próximos dos años para revisar y acordar las líneas generales de la evaluación del estado de aplicación de los derechos del agricultor y presentar sus conclusiones en el 11º Órgano Rector. Llevamos más de 20 años pidiendo que los derechos de l@s agricultor@s se traduzcan en leyes nacionales. También pedimos que se crearan directrices para facilitar su aplicación por las Partes Contratantes. Sin embargo, los delegados norteamericanos bloquearon los avances una vez más, hasta que se llegó al compromiso de pasar la patata caliente a un pequeño grupo de «expertos». Demasiado poco para ser optimistas sobre el estado de este Tratado global, creado para proteger la biodiversidad agrícola, y respetar y promover los Derechos de los Agricultores. Por ello, el CIP decidió empezar a trabajar fuera del espacio del Tratado, directamente con aquellos países que han comprendido la importancia de traducir los Derechos de l@s agricultor@s en medidas legales. Lo haremos a través de la Cooperación Sur-Sur entre organizaciones de agricultores y gobiernos, para mostrar al Norte global que no todos están aquí para promover los intereses de las corporaciones multinacionales. Mientras tanto, para detener la biopiratería corporativa, las organizaciones de agricultor@s dirán a sus miembros y comunidades que dejen de entregar sus semillas a los bancos de genes que participan en el Sistema Multilateral (MLS) establecido por el Tratado. Si el MLS no puede garantizar que no se emitan patentes sobre esos recursos genéticos, no tiene sentido seguir legitimando el sistema aportando nuestras semillas. Ahora tenemos por delante dos años de trabajo entre sesiones (entre reuniones del Órgano Rector), en los que continuaremos nuestra guerrilla institucional para proteger y promover la realización de los Derechos de l@s Agricultor@s a las semillas.
La delegación del CIP en la reunión del Órgano Rector estuvo compuesta por: Antonio Onorati y Alessandra Turco (ARI/ECVC – Italia), Guy Kastler (Confederation Paysanne/ECVC – Francia), Marciano Silva (MPA/LVC – Brasil), Enso Ortt (MAELA – Argentina), Alicia Sarmiento (CITI – México), Jessie Power (AFSA – Australia), Anne Berson Déna y Alimata Traoré (COASP-Mali/CNOP/LVC – Malí), Omer Agoligan (COASP – Benín).