mayo 8, 2021
Nosotras, organizaciones populares de los pueblos del campo, de las aguas y de los bosques de todo el mundo, prestamos solidaridad al pueblo campesino, indígena y afrodescendiente que, aliados a la clase trabajadora de las ciudades, se manifiestan en Colombia en defensa de derechos humanos tan básicos como el derecho a vivir. Desde el pasado 28 de abril el pueblo colombiano se está movilizando en contra del alza de impuestos a la clase trabajadora del país, el agravamiento de la violencia desde la firma del Acuerdo de Paz y un modelo económico que ha condenado a la mitad de la población a la pobreza. La respuesta del Gobierno de Iván Duque a esta movilización ha sido violencia y represión. Observamos con preocupación la grave situación de vulneración de derechos humanos que ha provocado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado. Según la ONG Temblores, en 6 días de movilización se han presentado 1.181 casos de violencia policial, dentro de los que se cuentan 142 víctimas de violencia física, 761 detenciones arbitrarias, 216 intervenciones violentas por parte de la Fuerza Pública, 56 casos de disparos de armas de fuego, 9 víctimas de violencia sexual, 17 víctimas de agresión en sus ojos, 56 denuncias por desapariciones en el contexto de movilizaciones y 26 homicidios. No es democrático el Estado que recurre a las fuerzas militares para acallar las exigencias de la población. Rechazamos el uso de fuerzas militares contra el pueblo movilizado y la criminalización de la protesta. Luchar por los derechos no es crimen. Rechazamos el uso histórico y estructural de la violencia en contra de nuestras organizaciones hermanas en Colombia, que sufren masacres, desapariciones y desplazamientos forzados, amenazas y asesinatos. Exigimos al Gobierno de Iván Duque respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, detener de forma inmediata el asesinato de las personas que se manifiestan y brindar garantías para la protesta y movilización social. Exigimos el fin de la criminalización del movimiento popular y que se haga la reforma agraria como medida estructural hacia la paz. Respaldamos y saludamos al pueblo colombiano en su justa lucha por la exigencia de los derechos, a las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes que desde las zonas mas golpeadas por la violencia se movilizan para rechazar la aspersión aérea con glifosato, exigir que se detengan los homicidios contra lideresas y líderes sociales y se implemente el Acuerdo de Paz. Hacemos eco de la voz de las organizaciones sociales de Colombia que exigen reforma agraria integral para construir soberanía alimentaria, desmilitarización de los territorios, desmonte del paramilitarismo como política de Estado, renegociación de tratados de libre comercio que afectan al pueblo campesino, indígena y afro, detener inmediatamente las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y las aspersiones aéreas con glifosato. El pueblo colombiano no está solo. ¡Luchar no es crimen!